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El trabajo es más que un derecho, es un factor decisivo en la continua evolución biológica y social de la especie humana. Desde tiempos remotos, con la aparición de las sociedades clasistas, el trabajo manual y luego el intelectual fue encargado a las clases desprovistas de propiedad y poder, pero a partir del capitalismo este alcanzó la condición de mercancía que se compra o vende a cambio de un salario.
En el Ecuador, el desarrollo industrial tardío, fomentado a partir de la segunda mitad del siglo XIX, provocó la organización y la lucha de los trabajadores, después de la primera huelga obrera de 1922 se instituyó la jornada de trabajo de ocho horas, la estabilidad laboral, las remuneraciones mínimas, el acceso a la seguridad social y otros beneficios.
Con el advenimiento de las políticas neoliberales, hace cuarenta años atrás, las élites caracterizaron a esas conquistas laborales como anacrónicas y rígidas e iniciaron una sistemática contrarreforma de flexibilización laboral para reducir los precios de producción, lograr competitividad en los mercados y atraer la inversión extranjera bajo la premisa de generación masiva de empleo.
Esa flexibilización no logró los resultados prometidos. Las estadísticas reflejan una relación inversamente proporcional entre el incremento de las fortunas de los patronos y la reducción de los derechos laborales, en tanto, la desocupación y subocupación creció al punto que en el país sólo una de cada tres personas tiene empleo pleno (trabaja cuarenta horas semanales, percibe al menos un salario básico unificado y está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).
A pesar de estos datos decidores, el gobierno insiste en repetir las viejas fórmulas neoliberales. En la Consulta Popular, Noboa desempolva los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas que estuvieron vigentes hasta hace unos años atrás, con el aditivo que los constitucionalizaría para legalizar la sobreexplotación laboral.
Los voceros oficiales se contradicen cuando se les cuestiona por el precio de la hora de trabajo, dudan al ser increpados por las vacaciones pagadas y las indemnizaciones en caso de despidos, tropiezan al explicar sobre el futuro de los décimos y los fondos de reserva, se avergüenzan cuando responden sobre la futura inestabilidad laboral. Ecuador está considerado como uno de los tres países con peores condiciones laborales del mundo, será aún peor si se impone el régimen de esclavitud moderna en la Consulta Popular.
Para obtener resultados distintos las políticas públicas deben ser diferentes, estructurales. Impulsar la inversión estatal para reactivar la economía, incrementar el empleo estable y garantizar salarios dignos es una alternativa válida y urgente.
