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En medio de las recientes declaraciones emitidas por el ministro del Interior, John Reimberg, en las que se acusa a la Dra. Verónica Macas —Jueza de la Unidad Judicial del cantón Yantzaza— de haber concedido supuestamente de manera indebida medidas sustitutivas a la prisión preventiva a un presunto sicario, el abogado Galo Ortega Criollo ha salido en defensa de la magistrada, calificando las afirmaciones del funcionario como erróneas y desinformadas.
“He revisado el expediente y según lo que consta allí es todo lo contrario”, señala Ortega. En su análisis, el jurista sostiene que los hechos muestran que el supuesto agresor habría intentado extorsionar a un ciudadano utilizando un arma de fuego. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, fue la víctima quien logró desarmar al delincuente y, en medio del forcejeo, terminó disparándole, con un desenlace trágico.
Ortega subraya que, de acuerdo con los principios del derecho penal, el actuar del ciudadano podría enmarcarse dentro de las causas de exclusión de antijuridicidad, como la legítima defensa o el estado de necesidad, lo cual, de comprobarse, permitiría atenuar su eventual responsabilidad penal.
En este contexto, el abogado considera que la jueza Macas actuó de forma coherente con el marco legal al no dictar prisión preventiva. “No actuó de forma indebida, más bien lo hizo dentro del ámbito de su discrecionalidad”, afirma Ortega, enfatizando que habría sido mucho más grave ordenar la prisión de alguien que reaccionó ante una agresión ilegítima.
Frente a las acusaciones públicas y la posibilidad de una denuncia administrativa en contra de la jueza, Ortega hace un llamado al Consejo de la Judicatura para que valore con objetividad lo actuado por la funcionaria judicial. “Asumo que el Consejo entenderá que no hay error inexcusable ni negligencia manifiesta en el accionar de la Dra. Macas, y por ende, archivará la equivocada denuncia administrativa”, concluye.
Este pronunciamiento se da en un clima de tensión creciente entre el sistema judicial y el poder ejecutivo, donde las decisiones de jueces y fiscales se encuentran bajo constante escrutinio. Sin embargo, voces como la del abogado Ortega recuerdan la importancia de respetar los principios del debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia judicial.
