Operativo contra presunta red financiera de Los Lobos deja seis detenidos

El ministro del Interior, John Reimberg, informó la madrugada de este martes 28 de julio de 2026 sobre un amplio operativo desarrollado en las provincias de Azuay y El Oro contra una presunta estructura vinculada con economías criminales y minería ilegal.

De acuerdo con el reporte difundido por el funcionario, la intervención comenzó aproximadamente a la 01:30 y movilizó a cerca de 300 agentes de la Policía Nacional, además de fiscales y personal de otras entidades estatales.

Horas después, Reimberg identificó como uno de los detenidos a Elías Baldor Bermeo Cabrera, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, a quien las autoridades investigan por su presunta participación como financista de la organización delictiva Los Lobos. Se trata de una hipótesis de las autoridades dentro de una investigación en desarrollo y no de una responsabilidad penal determinada mediante sentencia.

Diez allanamientos y seis detenidos

Según el balance preliminar publicado por el ministro, durante la operación se realizaron:

• 10 allanamientos en Azuay y El Oro.
• Seis detenciones.
• Cuatro empresas intervenidas.
• Trece vehículos incautados.
• Participación de 284 policías y 11 fiscales.

El operativo habría sido desarrollado conjuntamente por la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico y el Centro Nacional de Inteligencia.

Reimberg sostuvo que la intervención busca afectar directamente las fuentes de financiamiento de estructuras criminales relacionadas con actividades ilícitas en la región. Las diligencias y el procesamiento de los indicios continuaban al momento de su publicación oficial.

Antecedentes públicos

En abril de 2026, el periodista de investigación Andrés Durán había mencionado públicamente a Bermeo en un contenido periodístico sobre sus posibles vínculos con personas procesadas por tráfico de drogas y su intención de buscar nuevamente la Alcaldía de Camilo Ponce Enríquez por el movimiento RETO. Aquellas afirmaciones fueron presentadas como señalamientos periodísticos y no equivalían a una condena judicial.

El movimiento RETO se encontraba durante 2026 en un proceso de reorganización interna previo a las elecciones seccionales de 2027.

Las autoridades deberán informar posteriormente los delitos concretos que formulará la Fiscalía, las medidas judiciales solicitadas y la situación procesal de cada detenido.