La exasambleísta por Zamora Chinchipe, Andrea Rivadeneira, presentó este viernes su informe de Rendición de Cuentas del periodo legislativo 2024, un ciclo que describió como «bastante corto» pero intenso, producto de la disolución de la Asamblea Nacional decretada por el entonces presidente Guillermo Lasso. Ante ciudadanos y representantes de diversos sectores, Rivadeneira detalló su trabajo en legislación y fiscalización, con un marcado énfasis en la defensa de los intereses amazónicos, la reactivación del agro y un estricto control sobre el sector minero.
«Este periodo, aunque breve, no ha sido una excusa para no realizar un trabajo responsable, arduo y decidido por la provincia de Zamora Chinchipe», afirmó la exlegisladora al inicio de su intervención.
Labor Legislativa y Fiscalización a Nivel Nacional
Durante su gestión, Rivadeneira destacó que la Asamblea Nacional aprobó 60 leyes, 47 de las cuales vieron la luz en 2024. Entre ellas, se contaron cinco leyes económicas urgentes enviadas por el presidente Daniel Noboa, las cuales apoyó «con la finalidad de entregar gobernabilidad».
En el ámbito de la fiscalización, la exasambleísta recordó su participación en cinco juicios políticos, calificando como los más controversiales el que culminó con la censura del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el proceso contra la exministra de Gobierno, Mónica Palencia, por la crisis de inseguridad, aunque este último no prosperó.
Una Voz para el Agro y la Amazonía
Como miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Rivadeneira subrayó la creación del Código Orgánico de Reactivación Agropecuaria, un cuerpo legal diseñado para «garantizar los derechos de más de 5 millones de agricultores». Además, mencionó su participación en los debates de leyes clave para el fomento agroindustrial, el precio de la leche y el café.
Su rol más destacado fue en la defensa de la Amazonía. Como parte del grupo temático amazónico, impulsó una resolución, aprobada por el pleno, para que el Ejecutivo declare la emergencia vial en la región. «Sin embargo, y lamentablemente, debo decirles que no hemos tenido oídos del señor Presidente», lamentó.
Iniciativas y Reformas Propias
Rivadeneira informó sobre cuatro proyectos de reforma que presentó personalmente:
* Reforma a la Ley de la Función Legislativa: Para restringir el cambio constante de asambleístas entre comisiones.
* Reforma a la Ley Amazónica: Buscando que el presidente de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) tenga rango de ministro para poder ser fiscalizado.
* Reforma al Código de la Niñez: Para endurecer las medidas socioeducativas y evitar que jóvenes que cometen delitos graves puedan acceder a regímenes abiertos.
* Reforma a la Ley Amazónica: Para establecer un cálculo técnico y transparente sobre el precio del barril de petróleo, asegurando que la región reciba los recursos que le corresponden por ley.
Fiscalización a las Grandes Mineras: Cifras en la Mira
El punto más álgido de su informe fue la fiscalización al sector minero. Rivadeneira denunció una discrepancia de $42,591,081 entre las regalías mineras reportadas por la Agencia de Regulación y Control y los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) en el mismo periodo. «Lamentablemente, no sabemos dónde están esos fondos, y eso realmente afecta a los derechos de nuestros ciudadanos», sentenció.
Asimismo, criticó duramente la devolución del IVA a las grandes empresas mineras, que según sus datos, ha significado más de 150 millones de dólares retornados por el Estado en los últimos cuatro años.
Aunque su observación para frenar esto fue acogida en el primer debate de una ley económica urgente, fue bloqueada posteriormente. También señaló que su denuncia sobre los subsidios a la energía eléctrica para estas empresas, que alcanzan los 54 millones de dólares, fue escuchada por el presidente Noboa, quien posteriormente eliminó dicho subsidio por decreto.
El acto de transparencia concluyó con el reconocimiento del trabajo articulado, como el logrado a través del Grupo de Amistad con China, que permitió la donación de equipos tecnológicos a instituciones educativas de la provincia, entre ellas el Colegio San Francisco.