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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó el jueves (15.02.2024) el Tratado de Libre Comercio con China, pese a las críticas de organizaciones indígenas y ambientalistas que consideran que potenciará la deforestación en el país sudamericano.
El TLC había sido aprobado el pasado 7 de febrero por la Asamblea Nacional (Parlamento), que ya contaba con un dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Firmado por autoridades de ambos países el 10 de mayo de 2023, bajo el mandato presidencial del banquero Guillermo Lasso (2021-2023), el gobierno ecuatoriano asegura que el acuerdo representa «una puerta de oportunidades comerciales sin precedentes» para el país latinoamericano, pues el gigante asiático es «uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo».
Luego de que ambos países sean notificados de su ratificación, el TLC debería entrar en vigencia en un plazo de 60 días, lo que podría ocurrir entre mayo y junio próximo. Ecuador se convertirá así en el cuarto país en Latinoamérica en poner en marcha un tratado de libre comercio con el gigante asiático después de Chile, Perú y Costa Rica.
Posiciones encontradas
Gremios empresariales han apoyado al gobierno de Noboa señalando que el pacto comercial potenciará las exportaciones no petroleras de Ecuador, especialmente el camarón (langostino) y el concentrado de plomo y cobre.
El intercambio comercial entre ambos países en 2022 alcanzó los 12.295 millones de dólares. Mientras las exportaciones ecuatorianas a China llegaron en 2022 a 5.843 millones de dólares, las ventas chinas a Ecuador supusieron 6.452 millones de dólares.
Así, el tratado permitirá liberar de aranceles para el ingreso a China de manera inmediata al 50 % de la oferta exportable de Ecuador, lo que llegará al 99,6 % en el transcurso de diez años, ya que habrá desgravaciones paulatinas en otros productos.
Temen deforestación y contaminación
Por otro lado, organizaciones indígenas, ambientalistas y ecologistas ha mostrado sus temores de que el TLC facilite el ingreso de residuos tóxicos y de las flotas pesqueras de China en aguas ecuatorianas.
Los opositores aseguran que el pacto exacerbará las múltiples crisis de derechos ambientales y colectivos que viven los pueblos de la Amazonía ecuatoriana, e introduciría nuevas fuentes de contaminación y conflictos ambientales y sociales.
También creen que perjudicará la soberanía alimentaria de Ecuador y promoverá la deforestación con la introducción, libre de aranceles, de semillas transgénicas, así como la «sobreexportación» de alimentos a China, lo que aumentaría la contaminación y degradación de suelos por el uso de fertilizantes.
