Oposición cuestiona asignaciones de la Proforma Presupuestaria 2027

Bonos sociales, educación, universidades e infraestructura concentraron las observaciones de legisladores durante la segunda jornada de análisis. Los delegados del Ejecutivo defendieron la planificación presupuestaria y respondieron a los cuestionamientos.

La Proforma del Presupuesto General del Estado para 2027 continúa generando debate en la Asamblea Nacional. Durante la segunda jornada de análisis, desarrollada este martes 3 de noviembre de 2026, legisladores de oposición cuestionaron las asignaciones destinadas a protección social, educación, universidades públicas e infraestructura, mientras representantes del Ejecutivo expusieron los criterios utilizados para distribuir los recursos.

La discusión se desarrolló durante la Sesión 204 de la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta oficialista Valentina Centeno. La jornada incluyó las comparecencias de delegados de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano; Educación, Deporte y Cultura; e Infraestructura y Transporte.

La Proforma presentada por el Ejecutivo asciende a USD 50.213,09 millones y contempla un déficit global de USD 4.411,85 millones. La Asamblea dispone de 30 días para pronunciarse sobre el documento.

Bonos sociales y cuestionamientos sobre la cobertura

Uno de los principales puntos de confrontación fue el presupuesto destinado a bonos, pensiones y otros beneficios sociales.

El asambleísta Diego Salas, de Revolución Ciudadana, cuestionó que la asignación general para estos programas pase de USD 1.627,49 millones en 2026 a USD 1.470,89 millones en la Proforma 2027. Según su comparación, esto representa una disminución de USD 156,60 millones, equivalente al 9,62%.

Salas relacionó su observación con los indicadores sociales expuestos durante el debate, entre ellos el 60,1% de empleo inadecuado, el 52,8% de informalidad laboral y el 37,6% de pobreza rural.

Por su parte, la asambleísta Liliana Durán advirtió una posible brecha en el financiamiento del Bono Joaquín Gallegos Lara. Según los datos expuestos por la legisladora, la atención de 57.795 beneficiarios con transferencias mensuales de USD 240 requeriría alrededor de USD 166 millones al año, mientras que la Proforma contempla USD 144,48 millones. Durán estimó una diferencia cercana a USD 22 millones y pidió aclaraciones sobre la continuidad de los pagos y la cobertura.

Frente a estos cuestionamientos, los representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano señalaron que el presupuesto de la cartera asciende a USD 2.372 millones, distribuidos en USD 1.868 millones de gasto permanente y USD 504 millones de inversión no permanente.

Los delegados también destacaron un incremento del 32% en la asignación para el Bono 1.000 Días, que contempla USD 142,60 millones, y mencionaron recursos para el programa Jóvenes en Acción 2, con una cobertura prevista de 150.000 jóvenes.

Cabe precisar que el Ejecutivo ha presentado los USD 1.470,89 millones para bonos y pensiones como un incremento de USD 29 millones frente al presupuesto codificado a septiembre de 2026. Esa comparación utiliza una base distinta a la empleada por los legisladores al contrastar la cifra con la asignación de 2026.

Educación: presupuesto y necesidades docentes

En el sector educativo, la asambleísta Liliana Durán cuestionó que la asignación de USD 6.681,29 millones para educación inicial, básica y bachillerato represente aproximadamente el 4,68% del PIB proyectado.

La legisladora planteó observaciones sobre el cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima Octava de la Constitución, que establece incrementos progresivos de al menos el 0,5% del PIB anual hasta alcanzar una asignación mínima del 6% para estos niveles educativos.

También cuestionó que el incremento presupuestario figure como provisional y sujeto a revisión, así como el mecanismo de financiamiento previsto mediante el Decreto Ejecutivo 527.

En el ámbito operativo, legisladores de oposición señalaron una necesidad estimada de 10.849 docentes adicionales para el sistema público. Entre las provincias mencionadas constan Guayas, con 5.459; Esmeraldas, con 1.272; Los Ríos, con 1.058; y Manabí, con 772.

La cifra de 10.849 docentes corresponde a una estimación difundida a partir de un análisis del BID que utiliza como referencia una relación de hasta 25 estudiantes por docente; no equivale necesariamente a un registro oficial de vacantes sin cubrir.

Los legisladores también cuestionaron los recursos previstos para mantenimiento de infraestructura escolar, que señalaron en USD 24,63 millones.

En respuesta, los delegados del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y de Finanzas expusieron que el presupuesto consolidado del sector educativo alcanza aproximadamente USD 6.888 millones. Indicaron, además, que el 84,19% del gasto corriente se destina a remuneraciones del personal docente.

Universidades públicas: diferencias en las asignaciones

La educación superior también fue motivo de cuestionamientos. La asambleísta Mabel Méndez señaló reducciones en las asignaciones iniciales de varias universidades públicas.

Entre los casos mencionados constan la Universidad de Cuenca, cuya asignación pasaría de un presupuesto codificado de USD 99,8 millones a una proforma inicial de USD 86,4 millones; la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Técnica de Ambato, con reducciones señaladas de USD 11 millones cada una; la Escuela Politécnica Nacional, con USD 9 millones; y la ESPOCH, con USD 10 millones.

Los representantes del Ejecutivo respondieron que el presupuesto global para universidades y escuelas politécnicas asciende a USD 1.652 millones, lo que representa un incremento de USD 99 millones frente al presupuesto codificado a septiembre de 2026.

También señalaron que las variaciones entre instituciones responden a la fórmula técnica aprobada por el Consejo de Educación Superior (CES).

Las cifras globales y las asignaciones particulares deben analizarse considerando la misma base presupuestaria para establecer comparaciones equivalentes.

Salud pública y abastecimiento hospitalario

Durante las exposiciones sobre salud, los delegados del Ministerio de Salud Pública presentaron una proforma institucional de USD 5.328,69 millones.

Entre las prioridades mencionadas constan el fortalecimiento del primer nivel de atención, la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, la atención maternoinfantil, el pago de obligaciones a prestadores externos y las mejoras de infraestructura y tecnología.

Las autoridades aseguraron que la planificación contempla duplicar el presupuesto para medicamentos y dispositivos médicos, además de establecer como meta un stock operativo del 80% en las unidades de la red pública.

También señalaron que se incluyen partidas para atender compromisos de pago con prestadores externos y centros privados de diálisis.

Infraestructura vial y prevención ante El Niño

En el ámbito de infraestructura, el asambleísta Diego Salas cuestionó la capacidad de ejecución del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Durante su intervención mencionó que, al cierre del primer semestre de 2026, la cartera habría devengado el 11,2% de su presupuesto de inversión, equivalente a USD 45,66 millones.

El legislador también planteó observaciones sobre los recursos destinados a emergencias viales y puentes Bailey, que identificó en USD 44,8 millones y USD 6,7 millones, respectivamente.

La oposición sostuvo que la red vial estatal enfrenta problemas de conservación y que los recursos previstos podrían resultar insuficientes ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

En la información institucional publicada sobre la comparecencia del Ministerio de Infraestructura y Transporte se reportó una proforma de USD 765,5 millones, de los cuales USD 717,4 millones corresponderían a inversión. La cifra de USD 925,37 millones mencionada durante el debate requiere una aclaración sobre su alcance y base de cálculo antes de compararla con el presupuesto institucional.

Controversia por la competencia de la comisión

La jornada también estuvo marcada por diferencias sobre el procedimiento legislativo.

Las asambleístas Liliana Durán y Mabel Méndez, de Revolución Ciudadana, solicitaron que consten en acta sus observaciones sobre la competencia para tramitar la Proforma. Argumentaron que, conforme al artículo 21, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el análisis de asuntos presupuestarios corresponde a la Comisión de Régimen Económico y no a la Comisión de Desarrollo Económico.

Las legisladoras también cuestionaron que el tratamiento del presupuesto se desarrollara durante el feriado nacional del 3 de noviembre y plantearon reparos sobre las condiciones de transparencia del procedimiento.

En respuesta, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, señaló que la asignación del trámite fue una decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Como antecedente, mencionó que la Comisión de Desarrollo Económico también participó en el análisis de proformas presupuestarias en 2012 y 2019.

Los legisladores oficialistas Sergio Peña y Alex Morán respaldaron la continuidad del procedimiento. Centeno argumentó que el calendario responde a los plazos legislativos y a la necesidad de escuchar a las autoridades antes de la vacancia parlamentaria.

¿Qué sigue en el trámite presupuestario?

El análisis de la Proforma 2027 continuará en la Asamblea Nacional dentro del plazo constitucional de 30 días.

El artículo 295 de la Constitución establece que el Pleno debe aprobar u observar la proforma anual y la programación cuatrianual en un solo debate. Las observaciones pueden referirse a sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global del presupuesto.

El debate legislativo deja planteadas observaciones sobre la distribución de los recursos públicos y la necesidad de que las autoridades precisen los mecanismos de financiamiento, cobertura y ejecución previstos para 2027.