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La minería ilegal en Colombia se practica en casi todo el territorio nacional y el Estado todavía enfrenta «graves deficiencias» para combatirla. Esta realidad se conoció, este jueves 12 de diciembre del 2024, durante la presentación de un informe de funcionarios de la Procuraduría.
«En cerca de 29 de los 32 departamentos del país tenemos actividades mineras ilegales identificadas y detectadas», aseguró a la AFP el procurador delegado para asuntos ambientales, Gustavo Guerrero, tras la presentación en Bogotá del primer informe sobre minería ilegal.
En 26 de esos departamentos se ha detectado, en ambientes naturales, la presencia de mercurio, comúnmente utilizado para separar los metales preciosos de sedimentos sin valor.
Unas 70 000 hectáreas a lo largo del país están contaminadas por mercurio, un elemento altamente tóxico que pone en riesgo las fuentes de agua y la salud de poblaciones cercanas a las zonas de explotación ilegal.
Las principales afectaciones se registran en los departamentos de Antioquia (noroeste), Chocó (oeste), Boyacá (centro), Santander (noreste) y Bolívar (norte), señala el informe.
La extracción ilegal de minerales, controlada por grupos criminales, se da en medio de «graves deficiencias en la respuesta estatal» que no han permitido controlar el fenómeno, agregó Silvia Méndez, consultora externa y coautora del informe.
El oro representa cerca de un 62% de las actividades mineras del país y desde mediados del 2024 alcanza precios récord en el mercado internacional. Hoy por hoy, en Estados Unidos «el kilo de oro cuesta cuatro veces más que el kilo de cocaína«, aseguró Hakim Hasan, jefe del Programa de Protección Ambiental de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de ese país.
Cerca del 85% de las exportaciones de oro en Colombia tienen un origen ilegal y al menos un 70% de la extracción irregular proviene de «actividades desarrolladas por grupos organizados al margen de la ley», señala el informe.
En sus conclusiones, la entidad emitió una serie de recomendaciones dirigidas al estado, entre ellas, el fortalecimiento del monitoreo, el otorgamiento de «licencias ambientales temporales» para que los mineros artesanales eviten operar en la ilegalidad. Además, la creación de una entidad estatal que «centralice la compra y comercialización del oro» con el fin de mejorar la trazabilidad del material destinado a exportación, aseguró Guerrero.
