El panorama político y social en Ecuador se intensifica tras las enérgicas declaraciones de Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). En un contundente mensaje, el líder indígena no solo condenó la respuesta del gobierno a las movilizaciones sociales, sino que también elevó una grave denuncia de violencia y responsabilizó directamente al gobierno del presidente Daniel Noboa y a sus ministros por un “crimen” y la represión contra la población civil.
El núcleo de la declaración de Marlon Vargas se centra en invertir la narrativa de la inseguridad, señalando al propio Estado como el originador de la violencia. “El verdadero terror lo ha impuesto el gobierno con su represión contra el pueblo,” afirmó Vargas.
La CONAIE, conocida por su rol histórico en la defensa de derechos y territorios, se posiciona como una fuerza de paz y dignidad, rechazando cualquier etiqueta de incitadores al caos. “Somos Defensores de la vida. De los derechos. Somos pueblos de lucha. De mucha dignidad. No queremos el caos,” subrayó el líder, buscando deslegitimar cualquier intento de criminalizar la protesta social.
El repudio se tornó particularmente severo al denunciar la acción de las fuerzas del orden. Vargas inquirió sobre la brutalidad: “¿Denunciamos la brutalidad? ¿Cómo la que los militares han atacado? A población civil indefensa.”
Exigencia de Justicia y Responsabilidad Gubernamental
La declaración de Vargas también pone de manifiesto la percepción de un Estado que falla en sus funciones primarias mientras concentra sus fuerzas en la represión interna. Se critica que el gobierno “sigue, sin dar una respuesta efectiva a la crisis de inseguridad, que golpea al país,” mientras dirige la violencia contra la ciudadanía.
El mensaje culmina con la denuncia de un hecho grave, calificado como “crimen,” por el cual se exige justicia plena e inmediata: ” Este asesinato no puede quedar en la impunidad.”
En el acto más fuerte de su declaración, el presidente de la CONAIE responsabilizó directamente a las más altas esferas del poder ejecutivo: “Responsabilizamos directamente al gobierno de Daniel Noboa y sus ministros del interior.” Esta aseveración marca una línea roja en la relación entre el movimiento indígena y el actual gobierno, exigiendo no solo un cambio de política, sino también una rendición de cuentas por los hechos de violencia.
Las declaraciones de Vargas reflejan la creciente tensión en el país, donde las organizaciones sociales y el movimiento indígena han advertido en repetidas ocasiones que la respuesta a las demandas legítimas del pueblo no debe ser la represión, la violencia o la persecución, sino la apertura al diálogo y la solución efectiva de la crisis social y económica.