El panorama migratorio internacional se agita con las nuevas medidas propuestas por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que buscan endurecer el control fronterizo y acelerar las deportaciones.
Bases Militares para Detención Masiva
Según un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la administración ha iniciado planes para construir centros de detención de inmigrantes indocumentados en al menos una decena de bases militares del país.
Este plan, impulsado por la secretaria ejecutiva interina del DHS, Juliana Blackwell, detalla una solicitud formal al Departamento de Defensa para que el Ejército amplíe significativamente su papel en la aplicación de leyes migratorias. El objetivo es incrementar drásticamente la capacidad de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Adicionalmente, el Gobierno de EE. UU. ha comenzado a contratar empresas privadas que colaborarán con ICE para “localizar personas”, verificar direcciones y entregar documentos. Esta externalización de tareas busca acelerar los procesos de expulsión de inmigrantes sin autorización.
Ecuador y el Acuerdo de “Tercer País Seguro”
Esta estrategia de endurecimiento interno viene acompañada de una presión diplomática hacia países vecinos. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ha solicitado a Ecuador la firma de un acuerdo de “Tercer País Seguro”.
De concretarse, este acuerdo permitiría a EE. UU. trasladar temporalmente a migrantes de terceros países que buscan asilo en la nación norteamericana para que esperen la resolución de sus casos en territorio ecuatoriano.
Si bien la Cancillería ecuatoriana ha señalado que la cooperación bilateral está enfocada en la seguridad y el combate al crimen organizado —incluyendo la posibilidad de instalar bases operativas para esos fines—, la inclusión de Ecuador en la estrategia de externalización migratoria de EE. UU. genera un intenso debate sobre las implicaciones humanitarias y logísticas para el país andino.