La Fiscalía General del Estado ha presentado un dictamen acusatorio contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, y otras 21 personas por el delito de cohecho. El caso está directamente relacionado con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, un proyecto de gran envergadura en Ecuador. La audiencia preparatoria de juicio, llevada a cabo en la Corte Nacional de Justicia en Quito, avanzó después de 19 días de deliberación, luego de que el conjuez Olavo Hernández rechazara las alegaciones de nulidad presentadas por las defensas.
La Fiscalía señala a Moreno como el autor directo del cohecho, mientras que a su esposa e hija las considera cómplices. Entre los acusados como autores directos se encuentran nueve personas más, incluyendo al exembajador chino Cai Runguo y otros ciudadanos de esa nacionalidad. Inicialmente, la investigación incluyó a 40 personas, pero ahora se enfoca en 24 procesados por presuntas coimas de $76 millones, que representan el 4% del contrato de la obra. Según las autoridades, estos pagos ilícitos fueron canalizados entre 2009 y 2018 a través de la empresa ecuatoriana Recorsa C.A., bajo el pretexto de falsos servicios de consultoría.
El caso Sinohydro se centra en la contratación de la empresa china del mismo nombre para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, un proyecto que inició durante el gobierno de Rafael Correa y tuvo un costo superior a los $2.000 millones. La planta, que genera el 30% de la matriz energética del país, ha estado bajo escrutinio desde que la investigación se abrió en marzo de 2019. Se ha revelado que Moreno, en su rol de vicepresidente en 2009, centralizó las decisiones de los contratos.
Entre las pruebas presentadas por el fiscal Wilson Toainga, se destaca una transferencia de $19.342 de la empresa Ina Investment Corp a una tienda de muebles en Ginebra, la cual benefició a la familia Moreno. Se estima que las dádivas recibidas superarían el millón de dólares. La defensa de Moreno alegó que el proceso era nulo por falta de autorización de la Asamblea Nacional, pero el conjuez desestimó el argumento. Ahora, el juez a cargo del caso deberá decidir si emite un auto de llamamiento a juicio contra los procesados.